Sobornos de hasta $600 mil y maniobras encubiertas
Durante once meses de investigación, los peritos detectaron movimientos financieros superiores a los $5 millones mensuales, con picos que rondaron los $10 millones. Los montos exigidos a los camioneros variaban según la ocasión: desde $100.000 hasta $600.000, de acuerdo con los registros más recientes.
Cuando los pagos eran en efectivo, los gendarmes evitaban recibirlos a la vista de otros. En algunos casos, los transportistas eran guiados hasta un automóvil de color blanco o un vehículo particular estacionado a un costado de la ruta, donde el dinero era depositado en una caja de cartón. En otras ocasiones, el efectivo se ocultaba dentro de carpetas con documentación de transporte.
La investigación se originó a partir de la denuncia de un camionero, quien relató que había sido víctima de tres pedidos de coima consecutivos y decidió acudir a la Justicia. Su testimonio fue clave para avanzar en la causa.
Asociación ilícita y triangulación de fondos
De los 23 gendarmes imputados, 13 permanecen detenidos en la cárcel de Bouwer y dos cumplen prisión domiciliaria. La causa está a cargo del juez federal Carlos Ochoa y el fiscal Rodolfo Cabanillas, de Río Cuarto.
Uno de los elementos más relevantes de la pesquisa es la llamada “pata San Juan”, vinculada con la triangulación financiera de los fondos. Según los investigadores, existía un administrador financiero encargado de recaudar y distribuir el dinero a través de una red de más de 15 personas jóvenes, sin ingresos declarados, que habrían prestado sus cuentas para canalizar las transferencias.
“Tales circunstancias permiten presumir que dichas cuentas habrían sido utilizadas como intermediarias para triangular y canalizar los fondos provenientes de las exacciones ilegales”, indicó una fuente del expediente.
Avance judicial y nuevas medidas
El período de los hechos se habría extendido desde julio de 2024 hasta septiembre de 2025, aunque los investigadores sospechan que la organización actuó durante al menos tres años en los controles de las rutas nacionales 8 y 35, en la zona de Sampacho.
Durante los allanamientos se incautaron teléfonos celulares, computadoras y documentación bancaria. Los peritajes contables buscan determinar el flujo exacto de dinero y posibles cómplices externos.
El fiscal Cabanillas solicitó la inhibición general de bienes de los imputados, la inmovilización de sus cuentas corrientes y el cruzamiento de información patrimonial con organismos nacionales. El objetivo es detectar si hubo encubrimiento o participación civil en la maniobra.
Mientras tanto, las defensas comenzaron a presentar sus argumentos. Uno de los abogados de los imputados, oriundo de Catamarca, negó la participación de su cliente y afirmó que su vínculo con otro de los acusados se limitó a “un préstamo de dinero”.
“Vamos a solicitar la nulidad de la acusación porque no hay pruebas de que él haya prestado colaboración en los delitos”, sostuvo. (La Voz del Interior)
